minileaks Pequeñas revelaciones motivadas por grandes valores

Los corresponsales de The New York Times y The Guardian, Ralph Minder y Gilles Tremlett, criticaban recientemente en una charla la ausencia en España de una Ley de Transparencia” como la que prometió Zapatero”, según publicaba El Mundo.

“La falta de información genera desconfianza. Aquí, la información, sobre todo la pública, la que manejan gobiernos regionales o ministerios. se maneja como si fuera privada del ministro. Como si fuera algo que él o ella pueda usar para vender o no vender imagen. Y claro, cuando ves que los datos se usan para vender, enseguida desconfías”, explicaban los periodistas. Y pusieron como ejemplo los datos inmobiliarios, difíciles de encontrar, de comparar y que, según la fuente utilizada, varían sensiblemente.

Acces Info Europe es una asociación independiente que promueve el derecho a la información pública. Victoria Anderica, licenciada en Derecho y 27 años de edad, trabaja en esta asociación que exige lo que consideran el derecho fundamental de que la Administración facilite información pública y conteste a los ciudadanos en un tiempo razonable. Además, con esa nueva ley los poderes públicos deberían difundir de manera habitual sus documentos y actividades.

Según señala Anderica, la elaboración de esta ley ya formaba parte del programa electoral del PSOE en 2004. Sin embargo, en julio de este año el ministro de la Presidencia, Ramón Jauregui, envió una carta a diversas organizaciones señalando que no sería posible su tramitación en la legislatura que está acabando.

- ¿Por es qué es tan importante contar con una ley de acceso a la información pública?

- En ella se regularía el principio de publicidad, que toda información gubernamental sea pública, salvo excepciones legítimas como pueden ser los ejemplos de protección de datos personales, datos comerciales o defensa nacional. Estas excepciones no son absolutas; debe ponderarse si el interés público prevale sobre el caso concreto para que la supuesta defensa de esos intereses no se convierta en un cajón de sastre para que los gobiernos escondan datos. Por ejemplo, los cables de Wikileaks descubrieron que en el caso de la muerte del cámara José Couso se estaba ocultando información para esclarecer el caso. 

- ¿Cuál es la situación de España en acceso a la información pública?

- La realidad es que ya vamos retrasados en este campo. 89 países en el mundo ya tienen su ley para regular este derecho, muchos de ellos desde hace varios años. España es —junto a Luxemburgo, Malta y Chipre—  el único país de la Unión Europea que no posee una regulación en este sentido. Las demás naciones la promulgaron hace tiempo, aunque en algunos casos sea un poco laxa como ocurre en Austria o Italia. El derecho a la información pública es una competencia nacional y no cedida a la UE, que solo lo regula en el funcionamiento de los organismos comunitarios. En España todavía no somos conscientes de que es un derecho arraigado en nuestro entorno; es increíble la cantidad de datos que se pueden obtener en países como Holanda, Alemania o Reino Unido.

- ¿Realmente ha habido interés en los partidos políticos por promover esta ley?

- Desde 2004, el PSOE lo ha incluido en su programa electoral. En la primera legislatura no se hizo nada y se volvió a incluir de manera idéntica en el programa electoral de 2008. A partir de la creación de la coalición Pro Acceso en 2006, de la que forman parte 54 asociaciones y de la que Acces info es socio fundador, se logró en 2009 tener una reunión con técnicos del Ministerio de la Presidencia, en la que se discutió sobre el contenido de una posible ley. Posteriormente se ignoraron nuestras peticiones para acceder al borrador de la ley, sobre el que el periódico El País publicó una noticia en el verano de 2010. Se trataba de un borrador para una ley débil y corta en sus objetivos. A partir de la llegada de Ramón Jauregui al Ministerio de la Presidencia en octubre del año pasado, las relaciones han mejorado y se compartió un segundo borrador de la ley en julio, que supuestamente será el que lleve a cabo el PSOE si gana las elecciones Por su parte, el PP lanzó su propuesta en mayo, pero desconocemos si seguirá con ella en caso de ocupar el Gobierno.

- ¿Tienen los ciudadanos derecho a una respuesta de la Administración? ¿Es legal el comportamiento habitual de silencio administrativo negativo?

- Una ley de este tipo regula el derecho de los ciudadanos a pedir información y la obligación de la Administración a contestar rápidamente, además de que las instituciones publiquen proactivamente sus actividades. Ahora mismo el silencio administrativo negativo —cuando un ciudadano al no recibir contestación tenga que asumir que no tiene derecho a conseguir la información que solicita— es legal. Eso tiene que cambiar. En el borrador de ley del PP se establecía una respuesta al ciudadano en 15 días y un silencio administrativo positivo; es decir, que si en esos 15 días no se ha dado respuesta, el ciudadano tenga derecho al acceso a a esa información. El problema es que este partido no quiere un organismo independiente que lleve a cabo su control. En el caso del PSOE se trataría de una comisión adscrita al Ministerio de Presidencia, con lo cual sería juez y parte y en sus dos borradores se sigue contemplando el silencio administrativo negativo.

- ¿Cómo se pondría en marcha esta ley? ¿No existe el temor a una avalancha de peticiones?

- Es necesario un organismo independiente con recursos propios y con poderes vinculantes como es la Agencia de Protección de Datos. Para poner en práctica la ley hace falta rodaje para lograr un buen funcionamiento. No hay que alarmarse por ello ya que no todos los ciudadanos van a realizar peticiones. En el fondo se trata de una inversión de recursos en transparencia, lo que no debe ser una excusa ya que hay estudios que demuestran su rentabilidad económica para el mejor funcionamiento de un país. Como ejemplo de la situación actual de falta de transparencia, hay que señalar que España no hace públicos sus análisis de autoevaluación de corrupción que debe realizar por acuerdos internacionales como el UNCAC de Naciones Unidas y el GRECO del Consejo de Europa. El asunto es que no se las facilita ni siquiera a la Oficina Anti Fraude de Cataluña o a asociaciones como Transparency International, que trabajan a nivel global en este sentido.

 - ¿Cuándo se podrá aprobar esta ley?

- La promesa de Rajoy es hacerlo en sus 100 primeros días, aunque ya veremos luego la realidad. Con el PSOE ya está en trámite, aunque todo depende del tiempo que se tome la comisión encargada de debatir el contenido final de la ley. Lo positivo de la situación actual es que se está hablando más que nunca de este tema y, por ejemplo, IU y UPyD también están trabajando en ello.