El ciudadano Marchis Marin, de nacionalidad rumana, casado con una española, y residente en la localidad madrileña de Fuenlabrada, denuncia un trato de favor en la concesión de licencias para la actividad de venta ambulante. Desde 2009, se le ha denegado el permiso para instalar un remolque-churrería en la vía pública, así como en las fiestas patronales. Algunos de los puestos instalados durante las fiestas patronales de la localidad mostraban propaganda de partídos políticos, como Izquierda Unida o Partido Popular, y el churrero rumano denunció en su día que los trabajadores eran contratados de manera ilegal.
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